Gobierno federal se compromete a revisar casos de pensiones exorbitantes y sobornos

Algunos extrabajadores reciben hasta un millón de pesos mensuales; el gobierno revisará la legalidad de estas pensiones y homologará los procesos de control

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, actualmente 14 mil extrabajadores reciben pensión, lo que en conjunto equivale a 28 mil millones de pesos. Entre los beneficiarios se han detectado casos que perciben hasta un millón de pesos mensuales, además de decenas de personas que cobran entre 700 mil y 999 mil pesos, otras que reciben entre 400 mil y 699 mil, y cientos más con montos que oscilan entre 200 mil y 399 mil pesos cada mes.

En Petróleos Mexicanos también se encontraron percepciones de gran magnitud. Quince personas cobran más de 340 mil pesos mensuales, mientras que otras oscilan entre 260 mil y 339 mil pesos. En promedio, estos pensionados reciben 39 veces más que un trabajador normal, situación que ha motivado la instalación de mesas de trabajo para revisar la legalidad de cada caso con la participación del IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG.

Buenrostro explicó que, como parte de las medidas, se emitirá un oficio para normar los requisitos del pase de supervivencia de las instituciones responsables de cada pensión en la Administración Pública Federal. Asimismo, se firmarán convenios de colaboración con el RENAPO y los registros civiles estatales para agilizar el intercambio de información, además de homologar la integración de los expedientes de las personas pensionadas.

Gobierno reitera política de cero impunidad ante sobornos en PEMEX

El gobierno federal reiteró su compromiso de mantener una política de cero impunidad ante actos de corrupción, al señalar que los sobornos realizados por trabajadores del Estado no corresponden ni a las instituciones ni a la política gubernamental, sino a conductas individuales que serán sancionadas.

La estrategia busca establecer mecanismos preventivos que hagan más costoso incumplir la ley que cumplirla, tomando como referencia la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, la cual prohíbe a sus ciudadanos sobornar a empresas de otros países para obtener contratos o privilegios indebidos.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que residentes de Estados Unidos sobornaron a trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Entre los implicados se encuentran Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, vinculados a siete empresas. Asimismo, se identificó a otros tres funcionarios relacionados con la paraestatal, de nombres Roberto P, Juan V y Erick N, quienes dejaron la institución antes de que iniciaran las investigaciones.

Las autoridades señalaron que, en caso de comprobarse su culpabilidad, estos actos fueron realizados de manera individual y fuera del marco de la ley. El gobierno de México participa en labores de colaboración y coordinación internacional para avanzar en las investigaciones y garantizar sanciones.